La intervención del Notario en cualquier negocio jurídico implica el estudio minucioso de cada caso, fundamentado en los principios jurídicos de equidad, legalidad y seguridad jurídica preventiva, así como imparcialidad.

El Notario es el encargado por el Estado para dar fe de la identidad y capacidad de los comparecientes, de la autenticidad y veracidad de los documentos aportados, así como de la redacción del instrumento público, adecuando el mismo a la legalidad.

El Notario es al mismo tiempo funcionario público y profesional del derecho. Así como funcionario público, los documentos notariales quedan sometidos al arancel notarial, regulado en el Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el Arancel de los Notarios.